La Guerra Civil (1936-1939)

De manera análoga a lo acontecido en el resto de ámbitos de la vida española, la Guerra Civil supuso la fractura y división del sistema bancario español en dos cuerpos opuestos y separados tanto física como legalmente. Esta ruptura de la propia unidad de la empresa siguiendo la línea que los acontecimientos bélicos y políticos marcaban afectó de forma distinta a los bancos con sede social en Cantabria. Así, la red de sucursales del Banco de Santander continuó en su mayoría en zona leal a la República (72,72%), en tanto las oficinas en territorio controlado por los militares rebeldes suponían tan sólo el 27,28%. Ello se debió a la aún escasa implantación del Banco de Santander más allá de los límites de su región de origen.

Con una red comercial dividida en dos mitades que correspondían a la fractura política del país, las oficinas radicadas en territorio bajo control de la República continuaron obedeciendo a la administración de la sede social de Santander, mientras las abiertas en el territorio franquista tuvieron su cabeza en la sucursal de León.

Al igual que en otros puntos del territorio bajo administración republicana, en Santander resultaban visibles los efectos del éxodo de personal bancario hacia la zona franquista o, sencillamente, el abandono de su actividad en la banca. Tenemos constancia de que los presidentes de los dos bancos regionales, ambos de avanzada edad, permanecieron en la ciudad: Isidoro del Campo Fernández-Hontoria y Saturnino Briz Larín, respectivamente del Banco Mercantil y del Santander. Sin embargo, gran parte de sus consejeros se encontraban ausentes o sin disponibilidad para cumplir sus obligaciones en los consejos de administración. Por lo que respecta al Director General del Banco de Santander, Emilio Botín Sanz de Sautuola, queda constancia documental de su permanencia en Santander a 1 de octubre de 1936, cuando comparece en acta notarial para recoger testimonio de la apertura de algunas cajas de depósito de la entidad por parte del Director General de Finanzas, Antonio Moya Ortega. Sin embargo, poco más de un mes después, el 9 de noviembre, en un acta notarial similar el Banco de Santander es ya representado por Gabino del Castillo Cagiga, compareciendo en calidad de sub-director. Así pues, podemos concluir que entre octubre y noviembre de 1937, Emilio Botín se trasladó a la zona franquista –presumiblemente a la sucursal del Banco de Santander en León, cabecera de su red operativa en aquel territorio– ya que no se vuelve a observar su presencia en ninguna otra documentación generada por la administración republicana de la provincia de Santander.

La caída de Bilbao en poder de las tropas franquistas el 19 de junio de 1937 supuso el inicio del fin del frente norte. Con la ocupación militar de Vizcaya, miles de refugiados vascos se vieron desplazados hacia la vecina provincia de Santander. La primera de las medidas dispuestas para garantizar la evacuación bancaria de Santander se tomó el 28 de junio de 1937, sólo nueve días después de la toma de Bilbao por los franquistas. Ese día, y con el fin de “aumentar la eficacia del control de todas las operaciones bancarias, a cuyo efecto conviene centralizarlas simplificando todos los servicios”, la Consejería de Hacienda ordenaba a la banca privada el cierre de todas sus sucursales radicadas en la provincia de Santander, con la excepción de las localizadas en la plaza de Torrelavega. El presidente del Gobierno y ministro de Hacienda y Economía, Juan Negrín, firmó el día 22 de agosto una serie de decretos encaminados a conservar para el régimen republicano el control de los recursos del sistema bancario cántabro.

La primera de esas disposiciones ordenaba “a todos los establecimientos bancarios y de ahorro nacionales en el territorio de las provincias de Santander y Asturias, que evacuen de dicha zona el metálico, billetes, bienes, valores y efectos que pertenecen a su activo, así como aquéllos que tuvieran confiados a su custodia por su respectiva clientela en depósitos de todas clases. El martes día 24 la Consejería de Hacienda decide finalmente el “inmediato embalaje de los libros y ficheros de cuentas corrientes y caja de ahorros, así como también del encaje en efectivo que haya en caja, depositando las cajas en la sucursal del Banco de España.” La mañana de ese mismo día se producía finalmente la evacuación de los recursos bancarios. Dado lo apurado de la situación, los emisarios del Ministerio de Hacienda y Economía, así como los responsables santanderinos, comprendieron la imposibilidad de trasladar a Valencia el gran número de cajas conteniendo el activo de los bancos locales depositadas en la Consejería de Hacienda y sucursal del Banco de España, por lo que finalmente se decidió efectuar el transporte hacia Gijón, para lo que se dispuso un tren especial que ese mañana partió de Santander con destino a la ciudad asturiana.

Finalmente –y a tenor de la tardía fecha en la que fueron incorporadas a la Caja de Reparaciones numerosas alhajas procedentes de la evacuación santanderina– las cajas de joyas, metales preciosos y objetos artísticos no fueron sacadas de Gijón por vía aérea, sino que, como el resto de bienes, hicieron su salida en una misma embarcación. Desconocemos cuándo exactamente zarpó ésta, pero sí sabemos que se trató del vapor griego “My Doll”. A partir de aquí, sin embargo, las vicisitudes de tan valioso cargamento antes de llegar finalmente a su destino en la zona republicana se prolongaron mucho más de lo esperado en un primer momento.

Al poco de salir del puerto de Gijón, los responsables de los bancos de Santander tuvieron detallado conocimiento de este viaje – “gracias a un servicio previamente organizado, por nosotros”–, por lo que se apresuraron a reclamar la propiedad de los bienes transportados antes las autoridades judiciales del puerto de destino: El Havre, en Francia. El Tribunal del Departamento de esta ciudad decidió el embargo solicitado por los bancos santanderinos, quedando el cargamento custodiado en los depósitos o almacenes del puerto francés. Esta medida fue confirmada en el pleito que promovieron las autoridades republicanas para su recuperación. Producido este fallo, los republicanos apelaron a la Audiencia de Rouen, alegando que el embarque había sido realizado a nombre del Gobierno de la República y consignado a la embajada de ésta en París. Como consecuencia de esta apelación, a principios de enero de 1938, la Audiencia de Rouen tomó resolución favorable a las pretensiones del Gobierno republicano y los bienes bancarios evacuados de las provincias Santander y Asturias llegaron finalmente a la embajada española en París, donde permanecieron hasta el 12 de enero de 1938. Casi inmediatamente fueron reexpedidos a territorio republicano, a la ciudad de Barcelona, donde se hallaba instalada la sede del Gobierno. A los bancos santanderinos tan sólo les restó apelar al Tribunal Supremo de París, sin consecuencia práctica alguna, pues la decisión de éste no podía tener efectos suspensivos en cuanto al levantamiento del embargo decretado por la Audiencia de Rouen. Asimismo, se realizaron otras reclamaciones por la vía diplomática para evitar la salida de los bienes bancarios de Francia, con el mismo resultado infructuoso.

Llegado a Barcelona, el patrimonio de la evacuación bancaria de Santander fue depositado en una de las sucursales del Banco de Vizcaya en la ciudad condal. Los bienes de la sucursal del Banco de España en Santander lo fueron en la correspondiente oficina del banco emisor y los de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad quedaron custodiados en otra sucursal del propio Banco de Vizcaya. Convertidas en nuevas sedes sociales en territorio republicano, en ellas los comités directivos dispusieron la enajenación por parte del Estado de determinados activos bancarios. Tanto en el caso del Banco de Santander como del Mercantil, la administración republicana decidió la disposición de todos los títulos y valores extranjeros, bien propiedad de los bancos o de sus clientes. Era ésta una medida amparada en la legislación sobre la cesión al Estado del oro amonedado o en pasta, divisas y valores extranjeros promulgada el 3 y 10 de octubre de 1936 y reformada el 16 de ese mismo mes con otra norma ministerial donde se expresaba que “en cualquier momento el Estado podrá sustituir la obligación expresada en el artículo 3º citado [del decreto de 10 de octubre de 1936] por el abono al titular del importe efectivo, en pesetas, de la liquidación en el momento en que el Estado estime oportuno enajenar los referidos valores.” Finalmente, una orden de 4 de enero de 1937 dictaba a los bancos la entrega en el Banco de España de todo el oro, amonedado o en pasta, las divisas y los valores extranjeros para su cesión al Centro Oficial de Contratación de la Moneda previa liquidación de su valor en pesetas. No cabe duda, por tanto, de que la enajenación de los valores extranjeros de los bancos santanderinos se hizo en todo momento de manera ajustada a las leyes promulgadas por el Gobierno de la República. De igual forma que lo sucedido con los valores españoles con cotización en el exterior, que según el artículo 2º del citado decreto de 10 de octubre de 1936, también podían considerarse como “valores extranjeros”: “Se considerarán valores extranjeros los títulos cuyos intereses, amortización o cualesquiera otro derecho sean pagadero, bien por opción del tenedor o por disposición expresa de la emisión, en oro o divisas extranjeras, incluso los cupones sueltos de los mismos, sea cual fuera la nacionalidad de la entidad emisora.” La respuesta de los bancos santanderinos a la enajenación de estos títulos fue, la denuncia ante la pertinente comisión del Ministerio de Negocios Extranjeros así como el recurso a la justicia ordinaria –caso del Banco Mercantil– en defensa de los derechos de los titulares de los valores para evitar su negociación en el mercado internacional.

Por lo que se refiere a la recuperación de los valores evacuados de Santander que no fueron enajenados por el Gobierno republicano, su suerte quedó decidida en los últimos días de la presencia de éste en Barcelona. En efecto, el 23 de enero de 1939, cuando la situación militar republicana en Cataluña era ya más que angustiosa, los comités directivos de todos los bancos presentes en Barcelona –incluidos, por tanto el Banco de Santander y el Mercantil– celebraron una reunión de urgencia para tratar sobre la evacuación de los valores y documentación de los bancos fuera del país. Según informaba Emilio Botín al santanderino El Diario Montañés, a esa reunión asistieron también altos funcionarios afectos a la causa franquista y que contaban con la confianza de los bancos a los que representaban. Estas personas convencieron a los comités directivos de la necesidad de evitar “decisiones precipitadas”, por lo que propusieron hábil y astutamente una visita al jefe militar de la plaza, el general Riquelme, para que les informara de la verdadera situación militar de Barcelona. Como era habitual en los altos mandos del ejército, Riquelme no reconoció en ningún momento lo apurado de la situación, tranquilizando a los miembros de los comités directivos sobre la gravedad de las circunstancias bélicas en la ciudad condal. Pocas horas después, el propio Riquelme abandonaba Barcelona y en cuarenta y ocho horas, el 26 de enero de 1939, el primer tanque franquista entraba en la ciudad con una judía alemana encaramada a su torreta mientras realizaba el saludo fascista, tras ser liberada de la cárcel de Las Corts, donde había estado confinada acusada de trostkismo. La práctica totalidad de los valores bancarios había sido salvada de su salida al extranjero.

Poco después, se desplazaba a Barcelona santanderinos para hacerse cargo de los valores recuperados. Por el Banco de Santander efectuaron esa gestión el director gerente, Emilio Botín Sanz de Sautuola y el interventor, Marcos Ballesteros. El Banco Mercantil estaba representado por su director Luis Catalán y el consejero Eduardo Pérez de la Riva. El 20 de febrero de 1939, un convoy de siete camiones devolvía a las cajas fuertes del Banco de Santander y el Mercantil 356 cajas conteniendo valores por un total de 380 millones de pesetas. De éstas, 166 pertenecían al Banco de Santander y su valor ascendía a 320 millones de pesetas. Las del Banco Mercantil sumaban 360 millones de pesetas repartidos en 190 cajas. A ellas había que sumar 19 cajas pertenecientes a las sucursales de otros bancos privados establecidos en Santander, que alcanzaba un valor de 18 millones de pesetas. Faltaban los valores de la sucursal del Banco de España y del Monte de una comisión de los bancos locales Piedad, que ya localizados también, serían trasladados a Santander posteriormente.

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